La regulación de la esterilización en España se encuentra en el artículo 156 del Código Penal. La norma establece que la esterilización "deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de modificación de la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias del representante legal de la persona sobre cuya esterilización se resuelve, oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona afectada que carezca de capacidad para prestar su consentimiento".

 

Para el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, "la esterilización forzosa es ahora mismo la quiebra más aguda de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en España".

 

"Es la vulneración más grave y aberrante", remarca Pérez Bueno en declaraciones a Europa Press, para después recordar que, aunque se trata de un procedimiento que se puede aplicar a ambos géneros, lo "sufren principalmente las mujeres".

 

En este sentido, el presidente del CERMI confirma que la realidad es que esta práctica "tiene un sesgo muy pronunciado hacia las mujeres y, mayoritaria y abrumadoramente, se realiza en mujeres adolescentes con discapacidad".

 

"Supone privar de una función corporal que es la reproducción, el poder tener descendencia, sin el consentimiento de la mujer, que es sustituida por un órgano judicial", asegura Pérez Bueno, quien argumenta que es una práctica que "la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, y una mirada exigente de Derechos Humanos condenan y debería estar desterrada".

 

 

En este contexto, el presidente del CERMI sostiene que la "lucha" de la organización, después de lograr el derecho al voto para las personas con discapacidad intelectual que se aplicó por primera vez en 2019, es acabar con la esterilización forzosa. "Esta sería la gran cuestión pendiente de conseguir por sus efectos tan terribles y su impacto en la violación de derechos", subraya.

 

Pérez Bueno critica que, "en la consideración de que las mujeres con discapacidad no son dignas o no van a poder cuidar y criar a sus hijos porque no están capacitadas", se les esteriliza "muchas veces induciéndolas a engaño, diciéndoles que es una operación de apendicitis". "Cualquier cosa para no explicar la realidad y es que va a ser alterada su naturaleza permanentemente, su función corporal para que no puedan tener descendencia", apostilla.

 

De este modo, el CERMI reclama que a las personas con discapacidad "se les aplique el mismo régimen que al resto", es decir, que la persona pueda someterse a una operación de esterilización de forma voluntaria, con consentimiento informado, con conciencia, con voluntad, libertad y conocimiento de lo que significa la práctica". Así, apunta que habrá que garantizar que la información que se le ofrece a la persona con discapacidad "no es sesgada" y está en un formato accesible y comprensible.

 

 

Precisamente, Ciudadanos ha reclamado esta semana en el Congreso la reforma del Código Penal para ilegalizar la esterilización forzada de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, una práctica que se siguen llevando a cabo en España a pesar de las recomendaciones internacionales.

 

Ciudadanos se ha reunido con el CERMI, Salud Mental España, la asociación Plena Inclusión y Down España, así como mujeres con discapacidad que han explicado a los diputados su experiencia personal.

 

Así, la diputada 'naranja' por Madrid, Sara Giménez, explicaba a Europa Press que esta iniciativa es una de las "banderas" de su partido y recordaba que forma parte de la lucha feminista, ya que afecta a la igualdad de las mujeres y, además, tiene "relación con la violencia sexual", ya que las pacientes que sufren esta práctica tienen "más riesgo de ser víctimas" de esta violencia.

 

"Si hay acuerdo en el Parlamento, conseguiríamos desterrar una discriminación y una aberración contra los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico", defiende el presidente del CERMI, que aclara que "no hay datos fiables" sobre el número de esterilizaciones que se llevan a cabo en España.

 

Finalmente, Pérez Bueno asegura que, según los últimos datos publicados hace dos o tres años, rondaría las 100 autorizaciones judiciales al año. "Ahora deben estar en 60 o 70. Las estadísticas no ofrecen una imagen fiel, exacta y actual de la situación. No es tanto el número --sean 1.000 o cinco--, sino la carga tan vulneradora de derechos, que tiene que ser erradicada de nuestro ordenamiento jurídico", concluye.

 

Fuente: Europa press